Impacto Ambiental, Contaminación Por Parte De Las Industrias Colombianas
Industria Minera Colombiana
La explotación minera es una práctica industrial en la cual se extraen del subsuelo los recursos minerales no renovables; buscando con ello un beneficio económico. Esta actividad es muy riesgosa para las personas que realizan el trabajo dentro de las minas. En nuestro país esta práctica está reglamentada, pero, en algunos casos es realizada de manera clandestina; incumpliendo, con muchas reglas de seguridad para el empleado y afectando también el medio ambiente. En Colombia o cualquier parte del mundo son practicadas dos tipos de minería, una a cielo abierto y otra subterránea o de socavón.
La minería a cielo abierto es una práctica que consiste en remover toda la capa vegetal de la superficie terrestre, esto con el fin de excavar y extraer el mineral presente en la zona; en esta labor se utilizan en su gran mayoría maquinaria pesada, explosivos de gran poder como el anfo y químicos altamente tóxicos como el cianuro, que generan un daño ecológico muy grave. Hablando en términos económicos, esta práctica solo es rentable siempre y cuando el yacimiento sea de gran magnitud, pero aun así con todas las ganancias que genera, el impacto ambiental que conlleva es irreparable.Un claro ejemplo de la amenaza ecológica que la minería a cielo abierto representa, es el proyecto Angostura que se pretende desarrollar por parte de la multinacional canadiense “Greystar”; en los municipios de California y Vetas (Santander), los cuales están situados sobre el páramo de Santurbán, considerado una reserva ecológica muy importante. La relevancia de este páramo radica en la gran diversidad de fauna y flora que en el existe, además de una importante fuente de reserva hídrica; dicha reserva alimenta los caudales de los ríos Lebrija y Suratá en Santander y Zulia y Pamplonita en Norte de Santander.
Además del páramo de Santurbán también se ha considerado la realización de un proyecto minero a cielo abierto en la reserva ambiental de Sisavita en el municipio de Cucutilla en Norte de Santander, en la que también está involucrada la multinacional “Greystar”. En esta reserva está localizado el nacimiento del río Zulia. En estas reservas se extraería oro y plata; esto sin considerar los posibles daños que se pueden causar y la gran pérdida de afloramientos hídricos, los cuales abastecen del líquido vital a los habitantes de las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga así como las poblaciones aledañas a estos causes.
Como asegura el diputado Santandereano Roberto Schmalbach, “se está violentando la normatividad ambiental que prohíbe la actividad económica por encima de los 3000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar)., además del evidente daño ecológico, hídrico, social y económico que tendrá el proyecto Angostura, llegando a tener puntos de explotación minera por encima de los 3450 m.s.n.m.”. Es decir, se pretende violar las leyes ambientales colombianas, además de ignorar el gran impacto ambiental, que acarrea el desarrollo de esta actividad. Lo preocupante del caso es que cuentan con los permisos correspondientes de Ingeominas, entidad gubernamental.
Para las entidades gubernamentales de orden nacional así como las multinacionales extranjeras, es más importante un gramo de oro o plata, que un litro de agua. Pero, lo más lamentable es saber que en la actualidad se promueven campañas para la protección y conservación del recurso hídrico, a la vez que se otorgan permisos para la ejecución de proyectos que atentan contra el mismo. No obstante, nuestra función es defender el medio ambiente, y no permitir que gobernantes de turno jueguen con los recursos vitales que heredaran nuestros hijos.
“Colombia País Minero 2019” es el eslogan con que el Gobierno nacional y las multinacionales de explotación minera, quieren seducir al país y llevarlo hacia este modelo de desarrollo económico, que si se termina de consolidar, será quizás una de las aventuras más arriesgadas y costosas que haya vivido Colombia. El país posee algunas regiones en donde su configuración geológica permite la existencia de yacimientos ricos en minerales como oro, carbón, petróleo, níquel y ferroníquel, entre los más importantes, los cuales son atractivos para las multinacionales mineras. Este proceso está propiciando importantes expectativas para la generación de capital y desarrollo de inversión extranjera en el país.
En varios casos ha sido claro que la actividad minera trae beneficios económicos. Sin embargo, muchas veces no son tan claros estos beneficios en el largo plazo, si es compensado el impacto ambiental que dejan las actividades mineras, ni cuál es el destino de los recursos económicos obtenidos por estas actividades. No hay que ir tan lejos. Respecto a los costos ambientales el debate surge porque estos costos no sólo involucran los aspectos económicos que exige el proyecto para su realización (adecuación de obras) que son los que se han tenido en cuenta hasta ahora en el cálculo de los costos del proyecto minero, sino que también involucran los impactos del proyecto a los habitantes de la región en el largo plazo, es decir, la relación salud y ambiente de los cuales poco se ha hablado. De otro lado, un reciente estudio revela también que los municipios donde se practica la actividad extractiva generalmente son aquellos que tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muy alto.
Ante este panorama incierto y si no se toman las suficientes medidas, la consolidación de un proyecto minero nacional a gran escala y sus prácticas asociadas, manifestadas en diversas regiones del país, resultará en una serie de inequidades sociales y ecológicas, sin contar además, que los recursos mineros son finitos y no renovables.
Al principio la política minera existía sólo para favorecer los intereses de los terratenientes locales, luego, con la apertura económica, la actividad minera que hasta entonces se realizaba en el país se volvió ineficiente: minería de subsistencia, pequeña minería y mediana minería. Desafortunadamente, hoy en Colombia la legislación minera es muy laxa; casi que permite a cualquiera explotar recursos naturales donde quiera sin mayores requisitos, de manera indiscriminada y a gran escala; por ejemplo, la vigencia de las licencias ambientales dura todo el período de la concesión, sin derecho a modificación por parte de la autoridad ambiental y el Estado no tiene la obligación (puede hacerlo pero no está obligado) de revocarla si hay repetidas violaciones ambientales, dando así potestad para que la empresa genere daños ambientales sin reparación.
(…) el Artículo 203 no permite la posibilidad de que la autoridad ambiental niegue un pedido de uso de recursos naturales ocasional o transitoriamente en zona de exploración, y ni siquiera ordena a la misma autoridad un estudio de esa solicitud para que en cada caso imponga condiciones para la protección ambiental que se requiera. Simplemente exige otorgar la autorización (…) el artículo 213 hace prevalecer aspectos formales de los Estudios de Impacto Ambiental por encima del derecho sustancial a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de protegerlo aún en caso de falta de certeza científica de los efectos dañinos de la actividad minera sobre los ecosistemas.
En varios casos ha sido claro que la actividad minera trae beneficios económicos. Sin embargo, muchas veces no son tan claros estos beneficios en el largo plazo, si es compensado el impacto ambiental que dejan las actividades mineras, ni cuál es el destino de los recursos económicos obtenidos por estas actividades. No hay que ir tan lejos. Respecto a los costos ambientales el debate surge porque estos costos no sólo involucran los aspectos económicos que exige el proyecto para su realización (adecuación de obras) que son los que se han tenido en cuenta hasta ahora en el cálculo de los costos del proyecto minero, sino que también involucran los impactos del proyecto a los habitantes de la región en el largo plazo, es decir, la relación salud y ambiente de los cuales poco se ha hablado. De otro lado, un reciente estudio revela también que los municipios donde se practica la actividad extractiva generalmente son aquellos que tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muy alto.
Ante este panorama incierto y si no se toman las suficientes medidas, la consolidación de un proyecto minero nacional a gran escala y sus prácticas asociadas, manifestadas en diversas regiones del país, resultará en una serie de inequidades sociales y ecológicas, sin contar además, que los recursos mineros son finitos y no renovables.
Al principio la política minera existía sólo para favorecer los intereses de los terratenientes locales, luego, con la apertura económica, la actividad minera que hasta entonces se realizaba en el país se volvió ineficiente: minería de subsistencia, pequeña minería y mediana minería. Desafortunadamente, hoy en Colombia la legislación minera es muy laxa; casi que permite a cualquiera explotar recursos naturales donde quiera sin mayores requisitos, de manera indiscriminada y a gran escala; por ejemplo, la vigencia de las licencias ambientales dura todo el período de la concesión, sin derecho a modificación por parte de la autoridad ambiental y el Estado no tiene la obligación (puede hacerlo pero no está obligado) de revocarla si hay repetidas violaciones ambientales, dando así potestad para que la empresa genere daños ambientales sin reparación.
(…) el Artículo 203 no permite la posibilidad de que la autoridad ambiental niegue un pedido de uso de recursos naturales ocasional o transitoriamente en zona de exploración, y ni siquiera ordena a la misma autoridad un estudio de esa solicitud para que en cada caso imponga condiciones para la protección ambiental que se requiera. Simplemente exige otorgar la autorización (…) el artículo 213 hace prevalecer aspectos formales de los Estudios de Impacto Ambiental por encima del derecho sustancial a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de protegerlo aún en caso de falta de certeza científica de los efectos dañinos de la actividad minera sobre los ecosistemas.
(Censat Agua Viva, 2010, p. 38).
2. Industria BananeraControl Con Las Fumigaciones Aéreas
En la Actividad Agrícola Bananera a gran escala, uno de los principales problemas de contaminación lo representan las fumigaciones aéreas y las labores que se dan en los aeropuertos.
Desechos
Al parecer poco saben los habitantes de su contexto, que la industria del banano, tal y como está siendo manejada, produce desechos, entre ellos toneladas de plástico, que tardan entre 1.000 y 3.000 años para descomponerse, contaminando así el medio ambiente con secuelas casi irreparables en decenas de generaciones humanas.
Entonces es fundamental desde ésta perspectiva, realizar una propuesta, tendiente en primera instancia, que genere conciencia en los habitantes con relación al gran retroceso que implica el impacto, que a mediano y largo plazo, se está produciendo en la industria del banano. En esta medida son más las pérdidas que las ganancias que se están generando para la región. En segunda instancia promover acciones para que se ocupen menos hectáreas con éste tipo de cultivo, disminuyendo de esta forma las consecuencias ambientales negativas. Finalmente, incentivar la reutilización de los desechos no orgánicos producidos por la industria del banano como una fuente para generar ingresos y ayudar al control de residuos contaminantes en aras de proteger el Medio Ambiente y por ende el desarrollo de la región, promoviendo la siembra de otros cultivos autóctonos como una forma de mantener el equilibrio en el ambiente y concebir nuevos recursos para abrir nuevos mercados.
Visto desde este punto de vista, esto sería un proyecto de gran impacto e importancia en esta región, porque se estarían creando nuevas fuentes de adquirir ingresos, además de la conservación de los recursos naturales que no sólo son un bien de la región sino de la humanidad.
fuente:
http://industriabananera.blogspot.com/
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